Santo Domingo, R.D.-El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso ayer tres meses de prisión preventiva en contra del exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otras seis personas imputadas en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, y ordenó la libertad de otros cuatro imputados, incluida la exregistradora de títulos.
El magistrado José Alejandro Vargas envió a la cárcel de Najayo a Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corde; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial Infepa, y a José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de Titulatec.
Mientras que envió a la cárcel de Najayo- Mujeres a Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWIlos.
El magistrado, para justificar el envió a prisión del grupo, alegó que de acuerdo a las evidencias y el expediente instrumentado por el Ministerio Público “estos no hicieron lo correcto, y armaron un timbrado para aprovecharse económicamente de la situación”.
“Ustedes han dado razones al Ministerio Público de que se asociaron para estafar al Estado; el Ministerio Público tiene muchos fundamentos para sustentar acusación sobre ese acto poco transparente”, adujo en momentos en que cuestionaba acciones de cada acusado ante el tribunal.
Falta de sustentación
Asimismo, el juez impuso el pago de una garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica a Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional, a Irving José Cruz Crespo, exconsultor Jurídico de Corde, y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
Consideró que el Ministerio Público le faltó instrumentar el expediente y sustentar evidencias que pudiesen comprometer las acciones de esos cuatro imputados. El magistrado también rechazó declarar complejo el caso por considerar que tres meses de prisión preventiva son suficientes para desarrollar el proceso de presunto acto de corrupción en la venta ilícita de los terrenos en Los Tres Brazos.
Igualmente, el juez Alejandro Vargas apoderó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional del control del proceso. La audiencia de la revisión obligatoria de la media de coerción deberá ser conocida el 25 de octubre próximo.
En su intervención durante la lectura de medida de coerción, el magistrado señaló que el asunto de “si el Senado debió aprobar o no la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos”, debería ser aclarado por el Tribunal Constitucional, el cual está facultado para establecer si dicho procedimiento debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
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