La nueva ley de alquiler de viviendas prohíbe cobrar los famosos 3 depósitos en R.D.

Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en segunda lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, pieza que fue estudiada por la subcomisión de justicia de la institución.
La ley tiene por objeto dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el alquiler de bienes inmuebles que se destinen a viviendas o a uso distintos de este, informó el órgano legislativo en un comunicado.
La norma regula todo contrato, escrito o verbal, de alquiler de bienes inmuebles, en cualquier lugar donde estén ubicados y se destinen a la vivienda o al ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial, cultural, docente, recreativa o a actividades y servicios públicos.
La nueva ley establece que los propietarios o sus representantes depositarán en el Banco Agrícola de la República Dominicana las sumas entregadas por los inquilinos por el concepto que se indica en el artículo junto con un original del contrato de alquiler, en los treinta días de su vigencia.
El banco llevará un registro de los contratos depositados, los que a partir de ese momento tendrán fecha cierta.
De no efectuarse el depósito en el plazo indicado, el propietario pagará un recargo de un veinte por ciento por cada mes de retraso durante los primeros cinco meses y un uno por ciento a partir del sexto mes, hasta tanto haga el registro del contrato, importe que pasará a formar parte de los fondos del Banco Agrícola.
No se dará curso a ninguna solicitud, instancia o demanda dirigida al juzgado de paz con fines de desalojo o para el cumplimiento de obligación contractual o legal derivada del contrato, hasta que el demandante, propietario o inquilino presente el recibo original, o certificación del Banco Agrícola, mediante el cual se demuestre haber realizado el depósito previsto.
La nueva ley prohíbe que el propietario de un inmueble en alquiler cobre tres depósitos de los cuales uno es utilizado para que “el corredor” haga los trámites legales.

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