SANTO DOMINGO, RD.- La Procuraduría General de la República reveló este lunes que las personas arrestadas por violar el toque de queda para contener el covid-19, deben pagar multas que oscilan entre RD$1,000 a RD$100,000.
Igualmente informó que por concepto de multas han ingresado RD$92.7 millones a esa institución.
La instrucción de la magistrada Miriam Germán Brito establece los montos a imponer a los ciudadanos y los negocios que desacaten las medidas dispuestas por las autoridades para contener la expansión de la covid-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, y que afecta a la humanidad desde el año pasado.
En un boletín de prensa, la Procuraduría General de la República estableció los montos a pagar por violar el toque de queda.
Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar RD$1,000.
Los motociclistas RD$2,000.
Persona que se desplace en un vehículo RD$5,000.
Persona sorprendida en un centro o espacio de diversión RD$2,000.
Un bar, restaurante o un centro o espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas implicará una sanción de RD$100,000.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con RD$50,000.
En un vehículo de carga RD$30,000,
Gallera RD$100,000.
Agrega que cuando el cúmulo de faltas exceda los RD$100,000, “en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a RD$100,000”.
Destaca que desde que se estableció el toque de queda, a la Procuraduría General de la República ha ingresado un monto de RD$92,655,290 por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias.
De esos RD$92.7 millones, un total de RD$6.4 millones ingresaron en abril; RD$13.6 millones en mayo; RD$8.4 millones en junio; RD$1.9 millones en julio; RD$6.9 millones en agosto; RD$8.8 millones en septiembre; RD$11.8 millones en octubre; RD$13.5 millones en noviembre y RD$21.3 millones en diciembre.
Señala que las instrucciones impartidas por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a todos los miembros del Ministerio Público establece que las personas arrestadas por violar el toque de queda que tengan dificultades económicas para cubrir el monto de la multa correspondiente, podrán realizar trabajo comunitario, siempre que logren la autorización de un juez competente.
“En caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, que soliciten al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario, de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro”, dice.
El instructivo, acompañado de las referencias al marco legal correspondiente, dispone que los agentes de la Policía Nacional deben presentar, “sin demora y sin falta”, por ante el Ministerio Público a toda persona arrestada por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos y privados de uso público.
La Procuraduría subraya que las restricciones se extienden hasta el 21 de este mes, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 7-21, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de enero.
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