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Directores regionales y distritales demandan al ministro de Educación


Sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de medida cautelar anticipada por la destitución de sus cargos

Directores regionales y distritales del Ministerio de Educación sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medida cautelar anticipada para suspender, de manera parcial, la ordenanza 01-2020 dictada por el Consejo Nacional de Educación el 11 de septiembre del 2020, que los destituyó de los cargos.

Los abogados Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool, representantes de los demandantes, explicaron que dicha ordenanza persigue la derogación y el desconocimiento de los derechos reconocidos en virtud de lo dispuesto por medio de la ordenanza 24-2017 que emana del mismo consejo que reglamentó el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, y permitió que en el 2018 se realizará dicho proceso.

Durante rueda de prensa, explicaron que el mismo sentó las bases para que los indicados profesionales de la educación se sometieran al sistema competitivo de selección, el cual se estableció conforme los artículos 132, 139, de la Ley General de Educación 66-97, como una forma de garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, atendiendo a los intereses de los educados, los padres de familia y la comunidad.

Los accionantes establecen que con la aprobación de la ordenanza 01-2020, y las consecuentes decisiones tomadas por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, “transgreden el principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa”, establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13.

Dicho artículo, indica una nota de prensa, establece que el principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.

Informaron que el ayer martes fue depositada la instancia ante el TSA, sustentada en virtud de que los artículos 3, 4 y 5[1] de la ordenanza atacada “constituye una violación a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia”, establecidos en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública, “constituyéndose en una perturbación manifiestamente ilícita” que afecta a cientos de servidores públicos del ministerio.

De igual forma, comunicaron que la semana pasada fue sometida la solicitud de medida cautelar cuyo proceso está identificado con el No. 030-2020-ETSA-00875, Sol. 030-2020-MC-00075, tendente a suspender los efectos generados por “las acciones ilegales” de Aracelis Villanueva Figueroa, gobernadora de la provincia de San Pedro de Macorís; Julio César de Los Santos, viceministro de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación; quienes solicitaron al servidor público Bolívar Yunior Sosa Soriano abandonar la oficina de la dirección regional 005, procediendo a la juramentación de Isidro Santana Ramírez.

Los accionantes y sus representantes establecen que desde el 11 de septiembre han enviado comunicaciones a las instituciones involucradas y miembros del Consejo Nacional de Educación, al presidente de la República, Luis Abinader; a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, al ministro Administración Pública, Darío Castillo Lugo; y al propio ministro de Educación, Roberto Furcal, en procura de llamar su atención “a fin de evitar la perturbación manifiestamente ilícita que se ha provocado con esta situación”.

Al concluir la rueda de prensa, Bolívar Yunior Sosa Soriano llamó al presidente de la República para que intervenga y “evite que se sigan dando pasos que violentan los derechos de servidores públicos del sector educación, afecta la institucionalidad y arrastra en sus pies la esperanza de quienes un día confiaron en participar en un proceso que tal y como fue legitimado por instituciones de respeto del escenario nacional y sector educativo, constituyó un proceso competitivo, transparente y robusto, en favor de la revolución que experimentó la educación dominicana”.

Sobre el pacto educativo y ordenanza 24-2017

Señalan que pacto educativo firmado en el 2014 fue suscrito por Abinader y Ortiz Bosch, el cual dispone en el 5.2 lo siguiente: Para el desarrollo de la carrera docente donde prime el mérito, la formación académica y trayectoria como mecanismo de ascenso, en consonancia con lo establecido en el art. 139 de la Ley 66-97:

"Los cargos administrativos-docentes y técnicos-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales".

Periodista de Monte Plata

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