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| Flavio Dario Espinal |
El gobierno se prepara para enfrentar en los tribunales internacionales a la empresa Lajun Corporation, ante la demanda incoada en contra del país bajo el argumento de que adquirieron los terrenos que ocupa el vertedero de Duquesa, que administraron durante 10 años.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Dario Espinal, dijo que evalúan las propuestas de 12 firmas de abogados especialistas para escoger la que representará a la República Dominicana ante el Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas.
El funcionario calificó la demanda de “improcedente”, y aseguró que así quedará demostrado.
“Desde mi punto de vista es una demanda improcedente, es una demanda sin sustento y espero que vamos a demostrar en el arbitraje que el Estado Dominicano tiene la razón”, expresó Espinal.
Explicó que se ha establecido un mecanismo en el que participan la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio; el Ministerio de Medioambiente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la Mancomunidad de Alcaldías del Gran Santo Domingo y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Dijo que están haciendo acopio de toda la evidencia que nos sirva de soporte a la defensa en esa demanda.
“La población debe estar confiada de que el Gobierno dominicano, en este caso como en cualquier otro hará todo cuanto esté a su alcance para llevar a cabo una defensa rigurosa”, subrayó.
La demanda. El pasado viernes la secretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió al Procurador General, Jean Alain Rodríguez, que si no se sometía a la justicia a los involucrados en el fraude de los títulos de propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa, el país podría ser condenado a pagar US$300 millones como indemnización por despojo de la propiedad privada, según una instancia internacional sometida por Lajun Corporation. Waldys Taveras, director del organismo municipal del PRM, depósito en la Procuraduría la instancia en que señaló que el pasado 19 de diciembre Lee-Chin y Lajun Corporation notificaron al Presidente de la República, al Ministerio de Industria y Comercio y a la Procuraduría General del inicio de la controversia internacional.
Dijo que la instancia invoca que el ciudadano Jamaiquino Lee-Chin fue despojado de una propiedad inmobiliaria amparada en la matrícula 0100118655, propiedad de su empresa, donde opera el vertedero de Duquesa. Recordó al magistrado Rodríguez que el 26 de diciembre del 2016 los medios de comunicación informaron que la Procuraduría había designado una comisión de alto nivel para la realización de la investigación sobre la denuncia realizada por el diputado Radhamés González, que daba cuenta de la falsificación de documentos del Congreso Nacional que fueron usados para la expedición de los títulos de las propiedades por la que hoy demanda Lajun Corporation. Hasta el momento no se conoce de ninguna acción encaminada.
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