Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público tiene hasta el día 7 del próximo mes de febrero para depositar acusación formal contra los 14 encartados en el caso Odebrecht u otros imputados que pudo haber hallado durante las investigaciones; o pedir una prórroga para continuar las mismas.
Trascendió que la próxima semana una comisión de fiscales viajaría a Brasil para reunirse con las autoridades de allí que manejan el caso de los sobornos pagados por Odebrecht en 14 países, incluida la República Dominicana, y con las que el MP trabaja en estrecha colaboración.
Se recuerda que ejecutivos del consorcio brasileño revelaron que pagaron en el país US$92 millones de sobornos entre los años 2001 y 2014, para obtener 17 contratos de infraestructuras públicas.
Por ese hecho fueron arrestados el 29 de mayo del 2017, las personas a quienes delatores de Brasil habrían mencionado con vínculos de Odebrecht en esas operaciones, entre los que figuran exfuncionarios, legisladores, empresarios y otros.
Los encartados. Son Angel Rondón, sindicado como el intermediario; Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montás, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Radhamés Segura y César Sánchez.
También los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, el diputado Alfredo Pacheco, Ruddy González; Máximo D Oleo Ramírez, Roberto Rodríguez y Bernardo Castellanos.
El grupo fue sometido a la Justicia y el 7 de junio el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, le dictó distintas medidas de coerción preventiva, que posteriormente le varió por una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Acusación es sólida. Al momento del sometimiento, el procurador general Jean A. Rodríguez dijo, que cada una de esas personas estaba siendo sometida a la Justicia “con expedientes sólidos y bien instrumentados, por haber cometido presuntamente, y en mayor o menor gravedad, todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
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