El periodista 脕ngel Garc铆a hizo un llamado a las autoridades del Consejo Estatal de la Az煤car (CEA) para que investigue sobre las mafias que se dedican a la invasi贸n de terrenos en los parajes de Zapote y San Antonio, as铆 como en el distrito municipal de Gonzalo de Sabana Grande de Boy谩, provincia de Monte Plata.
“Esta zona de la provincia Monte Plata lleva a帽os ocupadas por lugare帽os que la han trabajado y hecho de estas sus parcelas pero no tienen t铆tulos porque estos terrenos pertenec铆an al CEA, sucede que en los 煤ltimos tiempos han llegado castas mafiosas que al enterarse de que esos terrenos ser谩n titulados se han apoderado de estos alegando supuesta compra al CEA”, explic贸 el periodista.
Esa situaci贸n irregular debe ser investigada por las autoridades en aras de evitar enfrentamientos entre los antiguos ocupantes y los allegados que alegan haber comprado esas propiedades al CEA, en franca violaci贸n al decreto n煤mero 268-16 que proh铆be la venta de esas tierras.
Parte de modo operandi de estas mafias es la ocupaci贸n de grandes extensiones de terreno y posterior divisi贸n en parcelas que ponen a nombre de sus familiares para quedarse con una mayor porci贸n de la que la entidad suele repartir en las titulaciones.
“Pienso que si las autoridades desean desmantelar estas estructuras mafiosas es tan simple como investigar los t铆tulos de estas personas, las fechas de las supuestas compras y verificar quienes habr铆an vendido, pues es probable que personal que labora para el CEA est茅 detr谩s de eso”, explic贸 Garc铆a.
El periodista y tambi茅n activista social, manifest贸 que el caso m谩s ins贸lito es la ocupaci贸n del territorio que los j贸venes usaban como play de b茅isbol en San Antonio y el ocupante alega haberlo comprado.
Tambi茅n, en el distrito municipal de Gonzalo de Sabana Grande de Boy谩, una red de antisociales levantan casas en terrenos del profesor Onercido Cornelio con un supuesto respaldo de varios funcionarios de la direcci贸n municipal.
Finalmente, el periodista solicit贸 al CEA someter ante la acci贸n de la Justicia a los invasores de terrenos para que un tribunal ordene el uso de la fuerza p煤blica para el desalojo y apresamientos de las personas que ocupan propiedad p煤blica y privada como establece la ley.
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