El periodista Ángel García hizo un llamado a las autoridades del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) para que investigue sobre las mafias que se dedican a la invasión de terrenos en los parajes de Zapote y San Antonio, así como en el distrito municipal de Gonzalo de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata.
“Esta zona de la provincia Monte Plata lleva años ocupadas por lugareños que la han trabajado y hecho de estas sus parcelas pero no tienen títulos porque estos terrenos pertenecían al CEA, sucede que en los últimos tiempos han llegado castas mafiosas que al enterarse de que esos terrenos serán titulados se han apoderado de estos alegando supuesta compra al CEA”, explicó el periodista.
Esa situación irregular debe ser investigada por las autoridades en aras de evitar enfrentamientos entre los antiguos ocupantes y los allegados que alegan haber comprado esas propiedades al CEA, en franca violación al decreto número 268-16 que prohíbe la venta de esas tierras.
Parte de modo operandi de estas mafias es la ocupación de grandes extensiones de terreno y posterior división en parcelas que ponen a nombre de sus familiares para quedarse con una mayor porción de la que la entidad suele repartir en las titulaciones.
“Pienso que si las autoridades desean desmantelar estas estructuras mafiosas es tan simple como investigar los títulos de estas personas, las fechas de las supuestas compras y verificar quienes habrían vendido, pues es probable que personal que labora para el CEA esté detrás de eso”, explicó García.
El periodista y también activista social, manifestó que el caso más insólito es la ocupación del territorio que los jóvenes usaban como play de béisbol en San Antonio y el ocupante alega haberlo comprado.
También, en el distrito municipal de Gonzalo de Sabana Grande de Boyá, una red de antisociales levantan casas en terrenos del profesor Onercido Cornelio con un supuesto respaldo de varios funcionarios de la dirección municipal.
Finalmente, el periodista solicitó al CEA someter ante la acción de la Justicia a los invasores de terrenos para que un tribunal ordene el uso de la fuerza pública para el desalojo y apresamientos de las personas que ocupan propiedad pública y privada como establece la ley.
