La Barrick necesita ahora ampliar su planta de procesos y su capacidad de almacenamiento de relaves para impactar positivamente su rendimiento.
Por Julio Santana
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio” - Cicerón
Muchas veces hemos oído hablar de la Barrick-Newmont Goldcorp. Las inversiones que generan beneficios (Capex) de esta corporación en la mina de Pueblo Viejo alcanzaron entre 2008 y 2018 los 5 mil 200 millones de dólares, lo cual representa más del 19% del total de la IED del país. El proyecto de Ley de la Minería Nacional pretendía asegurar para el Estado el 40% de la renta global minera. Bien, en el período 2013-2018 la contribución económica histórica al Estado de la Barrick Pueblo Viejo fue de 1.6 mil millones de USD (57%), unos 400 millones más que lo se llevaron sus accionistas (43% o 1.2 mil millones de USD).
Se proyecta que entre 2019 y 2048 esta contribución alcance 67%, o lo que es lo mismo, 2.5 mil millones de dólares, al mismo tiempo que a los accionistas de la corporación correspondería 33.3% o 1.3 mil millones. Para todo el período (2013-2048) la contribución económica total de la Barrick sería de 6.6 mil millones que se distribuirían del siguiente modo: 63% al Estado dominicano y 37% a los accionistas de la corporación.
La relevancia de esta empresa multinacional en la economía dominicana puede vislumbrarse conociendo que el valor de sus exportaciones en el período 2013-18 representó el 30% de las exportaciones nacionales de bienes, el 110% del incremento de las reservas internas netas y el 16% de las recaudaciones por impuesto sobre la renta; que emplea directamente 2 mil 100 personas (con uno de los más significativos multiplicadores del empleo en el país: 9.1) y que sus compras nacionales de bienes representan el 22% de sus exportaciones en el período de referencia (1.8 mil millones de USD).
No deberíamos olvidar que la Barrick pagó al Estado en el primer cuatrimestre del año pasado US$185 millones (aproximadamente RD$9,870 millones de pesos) por concepto de impuestos directos y US$9 millones de dólares por impuestos indirectos. Estas contribuciones fueron un balde de agua para las deshidratadas finanzas públicas, entonces bajo la enorme presión desatada por la demanda incrementada de asistencia social a los más vulnerables y apoyo económico al aparato productivo nacional por causa de la pandemia.
La Barrick necesita ahora ampliar su planta de procesos y su capacidad de almacenamiento de relaves para impactar positivamente su rendimiento. Estudios muy rigurosos apoyan la viabilidad económica, técnica y ambiental de esta ruta.
La nueva inversión en la expansión de la planta de procesos y de la capacidad de almacenamiento de relaves alcanzaría 1000 millones de USD (más o menos 57 mil millones de pesos). De no hacerse esta inversión, el minado terminaría en 2021 y la producción en 2029. Si la voluntad política procede, la mina mantendría la producción total de oro con un promedio de 800 koz por año después de 2022.
Nadie niega que el derrame de relaves y la liberación de aguas tóxicas constituyen la trinchera más vulnerable de los defensores de la minería que, dicho sea de paso, en las últimas décadas suelen ser ambientalistas muy pragmáticos. Siendo esto cierto, se calla el hecho de que existen tecnologías y buenas prácticas que reducen y hasta pueden eliminar los riesgos derivados de esos impactos. La Barrick, sin duda, es buen ejemplo.
En todo caso, la decisión de construir un dique (presa) de contención de relaves de excelencia, haciendo uso del conocimiento y las tecnologías de avanzada ya disponibles en la industria -lo que conocemos como tecnologías emergentes-, no es un asunto que solo debe preocupar a los reguladores. Si quiera reconocer o no del otro lado están ahora la responsabilidad de las empresas, su reputación a una escala verdaderamente global y la suerte de sus accionistas. Por tanto, lo que hacen empresas como la Barrick es autorregularse con alta eficiencia.
Desde esta perspectiva, la gestión de relaves no solo es desvelo, es también acción de muchas y complejas aristas. Y hacerlo bien desde el principio implica por necesidad un costo enorme que solo las empresas multinacionales pueden afrontar. Ciertamente, con frecuencia los costos implicados en el cumplimiento de los estándares de seguridad, técnicos e ingenieriles de una moderna presa de colas, por ejemplo, pueden hacer que una mina no sea rentable. Solo una demanda incrementada de minerales y buenos precios en los mercados podría salvar la situación, especialmente si tomamos en cuenta que los depósitos actuales del ámbito metálico son de bajo rendimiento (baja ley).
Un accidente ambiental minero no conviene a nadie. Las comunidades pueden perder vidas y ver afectada seriamente la salud de su gente; la nación pierde ingentes ingresos y biodiversidad, y las empresas su reputación, a veces de manera irreparable. Debemos reconocer que la Barrick en los hechos practica la consigna de cero oportunidades a los incidentes ambientales de cualquier tipo.
Como es su caso, es mejor la redundancia o el sobrecumplimiento de las especificaciones que los desenlaces fatales, a semejanza de lo que ocurre en la industria de la energía nuclear.
O permitimos la construcción de un nuevo dique de contención de relaves para respaldar la expansión productiva de la Barrick, asegurando mínimos riesgos ambientales, o perdemos una empresa global con un gran peso en la economía y sociedad dominicana.
Si vemos de manera íntegra la calidad y gestión de clase global actual de la mina de Pueblo Viejo, allí donde existía el máximo exponente de la minería salvaje del país, no deberíamos abrigar dudas de que la aprobación de la expansión de la planta de procesos y de la capacidad de almacenamiento de relaves, sería no solo una decisión políticamente acertada, sino, desde una amplia perspectiva económica y social, significativamente provechosa para un país en serios aprietos financieros.
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