El Sistema de Naciones Unidas, en un comunicado, manifestó su “preocupación” por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país.
Estas acciones, subrayó el comunicado, “ponen en riesgo la integridad física y la vida” de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes.
“El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado, encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad”, afirmó el comunicado.
En la nota, la ONU también valoró la “complejidad” de la situación en Haití, su posible impacto en República Dominicana, así como reconoció la soberanía del Estado dominicano en el control fronterizo y migratorio.
La semana pasada, las autoridades migratorias dominicanas comenzaron una campaña de detención y expulsión del país de mujeres haitianas embarazadas.
El titular de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, dijo el viernes pasado que se había deportado a “cientos” de embarazadas desde el martes.
La ley de Migración faculta a las autoridades a hacer deportaciones automáticas de los extranjeros en situación irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe expresamente detener a mujeres embarazadas.
Las autoridades dominicanas alegan que el país no puede soportar la carga que supone la atención médica a los inmigrantes en condición irregular.
En la actualidad, en cerca del 30 % de los partos en las maternidades públicas del país, la madre es haitiana.
Un estudio del Sistema Nacional de Salud (SNS) cifra en 4.195 millones de pesos (unos 73 millones de dólares) el gasto total dedicado a la atención médica a ciudadanos haitianos a lo largo de 2019.
Esa cifra contabiliza los gastos en consultas, emergencias, internamientos, cirugías y partos, y equivale al 59.7 % de todos los recursos destinados en el país a los servicios de salud en establecimientos públicos de primer nivel de atención.
Pero, precisamente, los partos son el capítulo que consume una menor proporción del desembolso, un 7,76 % del total, unos 332 millones de pesos (5,8 millones de dólares). EFE
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