Santo Domingo.-La libertad de prensa en Rep煤blica Dominicana presenta dos amenazas fundamentales: la aprobaci贸n de una nueva ley de partidos y agrupaciones pol铆ticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresi贸n de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicaci贸n.
As铆 lo recoge el informe presentado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa y director de LISTIN DIARIO, en la reuni贸n semestral de la SIP, que se celebra en Argentina.
A continuaci贸n presentamos el informe completo relativo a Rep煤blica Dominicana:
Informe sobre la situaci贸n de la libertad de prensa en la Rep煤blica Dominicana ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Salta, Argentina, del 19 al 23 de octubre del 2018.
La aprobaci贸n de una nueva ley de partidos y agrupaciones pol铆ticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresi贸n de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicaci贸n, han despertado las alarmas en la prensa independiente de la Rep煤blica Dominicana ante los imprevisibles alcances que pudieran tener tales normativas.
Ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicaci贸n, actualmente bajo estudio de una comisi贸n bi-cameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresi贸n enfrentando las posibles cortapisas que podrian afectarla con dichas legislaciones.
En el caso de la recien promulgada ley n煤mero 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos, esta va mas all谩 de su prop贸sito original de regular la constituci贸n y el funcionamiento de estas entidades, y se excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisi贸n la "difusi贸n de mensajes negativos, a trav茅s de las redes sociales,que empa帽en la imagen de los candidatos" (Articulo 44 numeral 6).
Para disponer de estas penalidades, la ley de partidos se apoya en art铆culos de la ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnolog铆a, pero lo preocupante es que en ella subyace un impl铆cito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en laa Constituci贸n de la Rep煤blica, entre ellos el de la libertad de expresi贸n y el derecho de los ciudadanos a la informaci贸n p煤blica.
Ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campa帽a electoral la ciudadan铆a tiene derecho a obtener informaci贸n relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la informaci贸n garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones p煤blicas y, por ende, fortalecer la democracia. Adem谩s existen en el C贸digo Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamaci贸n y la injuria, si fuese el caso.
Los temores que aviva esta ley es que, caprichosa o subjetivamente, abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar entre lo "negativo" o lo "positivo" de una expresi贸n sobre un candidato o para medir el grado de da帽o a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guardan relaci贸n con la veracidad de la informaci贸n o invaden el ambito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la informaci贸n de una red social sea pasible a penas de prisi贸n de hasta dos a帽os, mas las multas.
Por otro lado, los peri贸dicos miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios han llevado al Congreso sus formales objecciones a la aprobaci贸n de una Ley General de Publicidad que fijaria porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos, abriendo el camino a la intervenci贸n directa del Estado en la intermediaci贸n y en los marcos de negociaciones y f贸rmulas entre clientes y medios.
La Sociedad de Diarios ha dicho que esta ley colidir铆a con otras vigentes y podr铆a generar conflictos y situaciones confusas y convertirse en una camisa de fuerza de caracter legal que limitaria la capacidad creadora de las partes en el sector privado para asegurar sus estrategias publicitarias.
En otro orden de ideas, la prensa libre dominicana mantiene su l铆nea de oposici贸n a la aprobaci贸n de varios art铆culos del proyecto de Ley de Medios de Comunicaci贸n que establecen penas de prisi贸n para algunos "delitos de palabra" o disposiciones que obligar铆an a los periodistas a informar a las autoridades sobre planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados c贸mplices de esos actos il铆citos.
Los diarios independientes han preparado un borrador de sus propuestas para alcanzar una legislaci贸n que respete de manera absoluta y amplia las conquistas consagradas en el estado social y democr谩tico de derechos, que ha establecido la Constituci贸n dominicana. Este borrador ser谩 discutido pr贸ximamente en el seno de la comisi贸n bilateral designada por el Congreso para buscar consenso sobre la pieza.
En paralelo a estas iniciativas, El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) someti贸 ante el Senado, un proyecto que modifica la Ley 10-91, que crea a esa instituci贸n, que procura, entre otras cosas, regular el ejercicio del periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en los medios de comunicaci贸n, las atribuciones del CDP y los requisitos para ser miembros de la instituci贸n.
Tambi茅n, incorpora nuevos cap铆tulos referentes a la independencia del periodista, la confidencialidad de la fuente, el libre acceso a la informaci贸n, el derecho de identificaci贸n de sus trabajos, de su reproducci贸n fiel y los derechos de r茅plica y respuesta.
Hay que recordar que, en la d茅cada de los noventas, el Congreso Nacional, declaro inconstitucional la referida ley porque estipulaba la colegiaci贸n obligatoria de los periodistas.
Finalmente, por primera vez, en este 煤ltimo semestre del a帽o, no se han producido agresiones de ning煤n tipo, contra periodistas por parte de las autoridades p煤blicas, sino incidentes entre reporteros y ciudadanos comunes y corrientes en la cobertura de eventos.
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