Jueza se reserva el fallo en coerción caso Coral 5G

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero se reservó para este martes a las 5:00 de la tarde, el fallo sobre la medida de coerción contra 12 de los 13 imputados del alegado caso de corrupción Coral 5G.

En la jornada de este lunes, tanto los abogados de la barra de la defensa como el Ministerio Público concluyeron la presentación de sus alegatos de defensa, réplica y contra réplica.

El Ministerio Público está solicitando que a los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, se les impongan 18 meses de prisión preventiva y se declare el caso complejo.

La misma medida pide además, para el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Miguel Ventura Pichardo, (FARD).

Así mismo, varió la solicitud de medida coerción a prisión domiciliaria para cuatro de los imputados, por tener un buen comportamiento con el Ministerio Público y haber admitido los hechos, según informó el director de la PEPCA, Wilson Camacho.

También son imputados por casos, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle, Esmeralda Ortega Polanco y el teniente coronel Erasmo Pérez.

Entre las más de 15,000 páginas de evidencias depositadas, según el Ministerio Público, hay documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados, dice la Pepca.

La presunta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 5,000 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

Asimismo, en el expediente del Ministerio Público de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la Pepca establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

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